En pleno debate sobre la posibilidad de legislar en torno a una amnistía para los condenados e investigados por el procés independentista, los tribunales de justicia siguen con su trabajo de aplicación del Código Penal o de revisión de las decisiones políticas que aquel tuvo como consecuencia. En un caso la sentencia de los tribunales va en línea con los intereses independentistas, y en otro en contra. De la primera los 'indepes' apenas hacen mención; la segunda es considerada un motivo más para ahondar en la unilateralidad y en la proclamación de la independencia.
La Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha vuelto a rechazar, por segunda vez, los recursos de Vox y Ciudadanos contra la concesión de los indultos a los dirigentes independentistas condenados por la Sala Segunda del mismo tribunal, que supuso la excarcelación del líder de ERC, Oriol Junqueras, de los consellers que no huyeron y de los dirigentes de las asociaciones cívicas que impulsaron el movimiento secesionista. Los magistrados no han entrado a valorar las razones esgrimidas por el Ejecutivo para la concesión de los indultos –en este caso los recibidos por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- sino que se han quedado en la antesala al determinar la falta de legitimación de los partidos políticos para recurrir la medida de gracia acordada por el Gobierno. Que los juristas de los partidos conocían esa situación es indudable, pero no iban a renunciar a la utilización de un mecanismo que mantenía viva la atención sobre unos indultos que contaban con el rechazo del tribunal sentenciador y del ministerio público por la falta de arrepentimiento de los condenados, pero con los que el Gobierno pretendía "responder a la profunda crisis social y política en Cataluña", mediante "un mecanismo idóneo para rebajar la tensión". Los indultos tuvieron ese efecto, y son una de las causas por las que el PSC es ahora la fuerza política más votada en Cataluña.
Está de más subrayar las diferencias entre el indulto que rebaja o anula penas y la amnistía que supondría el reconocimiento de la legalidad democrática de los actos que llevaron al golpe de estado independentista, en primer lugar, por las dudas sobre la constitucionalidad de esa medida, y luego por las consecuencias políticas que tendrá sobre la dignidad del sistema democrático nacional.
Mientras llega o no llega la amnistía, los jueces que instruyen las causas derivadas del 'procés, siguen con su trabajo y la Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años y medio de cárcel y veinte de inhabilitación al exconseller de Interior, Miquel Buch, por un delito de malversación y otro de prevaricación por fichar como asesor al sargento de los Mossos d'Esquadra, Lluís Escolà, para que siguiera escoltando al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica, al que ayudó a salir de España. La reacción independentista ha sido la esperable, que la maquinaria de la justicia es un instrumento más en la represión del independentismo, les ha servido para reivindicar la necesidad de la amnistía y, un paso más allá, para exigir la autodeterminación, mientras que Puigdemont, en su desmesura, afirmaba que "España está podrida en sus cimientos y las órdenes del rey de ir a por todos nosotros siguen intactas". Otro exceso.