No son solo los habituales, los que cobran por realizar gestiones y se ajustan a los márgenes comerciales, ni tan siquiera los que han surgido para hacer caja aprovechando una situación de pavor entre la población y los gobiernos correspondientes a todos los niveles. Los otros comisionistas son los que quieren tragarse las bonificaciones puesta en marcha por el Gobierno para bajar los precios de los combustibles y utilizan artimañas para que esos fondos vayan directamente a sus bolsillos. O quienes evitan dar toda la información necesaria para que se ajuste el IPC a la realidad, porque eso afecta a sus cuentas de resultados. Por no hablar de los directivos de las grandes empresas que cobran setenta veces más que sus trabajadores y para los que no existen subidas de sus emolumentos en relación con el IPC.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ya ha lanzado una advertencia seguida de un llamamiento a la responsabilidad. "Si vemos que alguna medida hace que se mantengan los precios porque los operadores están absorbiendo la ayuda, no seguiremos con ella", ha dicho en relación con la bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles. El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia están vigilantes ante la posibilidad de que se produzcan esas prácticas que demuestran un escaso compromiso con la situación de los ciudadanos afectados por el alza de los precios de la energía, y están en la base de los altísimos índices de inflación, que hace sospechar que existen estos "comisionistas" que anteponen su lucro personal a la mejoría de la situación de la gran mayoría de sus compatriotas. Si además se demostrara que existe un interés político en hacer naufragar las medidas adoptadas por el Gobierno, la intervención estaría más que justificada.

Otro tanto ocurre con los precios de la energía. La vicepresidenta ha explicado que existe una compañía eléctrica de la que no quiso dar el nombre -pero no hay tantas, y alguna lleva significándose desde el comienzo de la crisis energética- que no facilitan los datos precisos para hacer un ajuste del IPC que refleje los costes reales de la energía y su repercusión en el coste de la vida, O sea, que siguen sin arrimar el hombro. Si a ello se suma su reticencia a la excepción ibérica, y a que se limiten los beneficios caídos del cielo, se entiende que sus directivos cobren cada vez bonus más altos por la consecución de unos objetivos que pagan las clases populares. A pesar de todo, parece, solo parece, que la inflación ha entrado en un periodo que deja atrás el pico cercano a los dos dígitos, aunque el alza de los precios sigue siendo una posibilidad cierta mientras no se normalice la llegada de suministros desde China y no se apliquen las reformas estructurales que siguen siendo necesarias.

Todo ello en un momento en el que el mercado laboral se encuentra en plena expansión, con cifras récord de personas con empleo y con un incremento exponencial de los contratos indefinidos, que debiera hacer preguntarse a quienes votaron en contra -por distintas motivaciones- por el error de su decisión, al igual que al negar su apoyo al decreto de medidas contra la guerra. Pero esas posiciones no pasan factura en la bolsa de la intención de voto.