La pandemia dejó más en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad de mujeres y niñas sometidas a trata con fines de explotación sexual. Atrapadas en los espacios donde eran sometidas, la posibilidad de llegar a ellas por parte de los servicios sociales desaparece durante la etapa de aislamiento domiciliario. Las complicaciones son aún mayores si se trata de mujeres en situación irregular, sin conocer el idioma y sin papeles. Una situación que se puede repetir en cualquier lugar de España y a la que no es ajena Castilla y León, que en el mes de marzo de 2020, con el confinamiento por la crisis del coronavirus ya encima, puso en marcha el programa Atrapadas para identificar y ayudar a menores y mujeres víctimas de explotación sexual.
Una oportunidad que han aprovechado durante estos tres años casi 8.000 mujeres en la Comunidad, que han recibido ayuda para recuperar su autonomía, y ha permitido identificar a 144 víctimas de trata en dos años, así como a la denuncia de muchos más casos sospechosos. La red de entidades de entidades de prostitución y trata de Castilla y León, bajo el nombre de Atrapadas, se constituyó durante la pandemia, pero el proyecto se ha ido prorrogando y cambiando de objetivos durante ese periodo para ofrecer a estas víctimas los apoyos necesarios para salir de los contextos de explotación sexual, como señalaron fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Las actuaciones que realizan pasan por facilitar un alojamiento, tanto para ellas como para sus hijos, así como dar acceso a productos de alimentación e higiene, potenciar su inserción laboral y facilitarles ayuda psicosocial. Esta labor se realiza con la colaboración de cinco entidades que prestan habitualmente atención a estas víctimas: la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Comunidad Adoratrices de Burgos, Congregación Hermanas Oblatas Centro ALBOR, la Asociación de Ayuda al Drogodependiente (ACLAD) y Cáritas Diocesana de Astorga.
Desde la Consejería recordaron que la explotación sexual es una de las múltiples formas que adopta la violencia sexual ejercida contra las personas, principalmente contra mujeres y menores. En el caso de Castilla y León, desde el año 2010 se reconoce el derecho a la atención integral a las víctimas de todas las formas de violencia previstas en ella y establece un catálogo de derechos.
La atención a las víctimas de explotación sexual y víctimas en entornos de prostitución en la Comunidad de Castilla y León se organiza, actualmente, en cinco fases: detección de posibles víctimas, notificación, identificación y derivación y valoración y acceso a recursos. En las mismas intervienen, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Sistema de Servicios Sociales y Justicia. De todos ellos, la Junta interviene, por ser las fases de su competencia, en la detección y en la asistencia y prestación de recursos y servicios especializados.
Objetivos
Tras los primeros años del programa marcados por la pandemia, el proyecto trabaja ahora con nuevos objetivos: restitución de los derechos de las víctimas y recuperación de la autonomía para estas mujeres y niñas. «Es necesario el esfuerzo por agilizar los procedimientos de regularización de la situación administrativa, ofreciendo además de la asistencia mecanismos de protección a las mujeres que les permitan desvincularse de mafias y maltratadores aumentando sus denuncias. Esto pasa necesariamente por el trabajo en Red no sólo a nivel autonómico sino a nivel estatal», recalcaron las mismas fuentes de la Consejería de Familia.
De esta forma, el proyecto ha ido variando con el paso del tiempo y recientemente se ha aprobado en el Consejo de Gobierno una nueva dotación presupuestaria de 500.000 euros para continuar con sus objetivos y centrarse en las fases de detección, de intervención psicosocial y de salida de la situación de explotación sexual, ofreciendo alojamiento alternativo, regulación, precapacitación e inserción sociolaboral a las víctimas que se atiende.
Más de la mitad está en situación irregular
Actualmente, la mitad de mujeres que se atiende a través del programa Atrapadas se encuentran en situación irregular. El perfil de las mujeres, su situación de irregularidad, su vulnerabilidad, unido a las características del actual sistema laboral, las sitúa en unos índices de inserción muy bajos. Esta situación obliga a las mujeres ante la imposibilidad de acceder al empleo a continuar ejerciendo la prostitución como medio de subsistencia y a optar por la economía sumergida en condiciones de trabajo precarias y en muchos casos de explotación laboral, por lo que son doble o triplemente victimizadas, como señalan fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. La puesta en marcha del programa Atrapadas ha permitido realizar más de 17.031 intervenciones durante 2022, año en el que se atendió a 2.751 mujeres.
Durante los dos primeros años del programa se ha identificado a 144 víctimas de trata, aunque solo durante 2021, las entidades colaboradoras tuvieron indicios de otros 709 casos. La mayor parte de las víctimas que han sido ayudadas gracias a este programa tienen entre 36 y 55 años, seguidas de las que se sitúan entre los 18 y los 35 años. También hay un alto porcentaje cuya edad se desconoce. De las 2.751 mujeres atendidas en 2022, 1.994 eran extranjeras y 182 nacionales, mientras que otras 575 no conocían su origen.