En ocasiones, algo tan simple como el envoltorio de un caramelo o un rastro de sangre han servido para identificar a los autores de asesinatos realizados por la banda terrorista ETA. Sin embargo, actualmente existen 379 crímenes donde aún no se han encontrado indicios sobre quiénes fueron las manos ejecutoras de estas muertes.
Estos terribles delitos continúan siendo una incógnita, con 152 asesinatos sin esclarecer en la provincia de Vizcaya, 124 en Guipúzcoa y 19 en Álava. El grueso de estos homicidios se concentran en el País Vasco y Navarra porque es donde se llevaron a cabo la mayoría de atentados en los llamados años de plomo. No es hasta mediados de los años 80 cuando empiezan a registrarse en Madrid y Barcelona. Muchas de estas víctimas fueron a las que la banda acusó de «confidentes», asesinando así a decenas de personas que no eran tal, pero que les servía para crear un clima de intimidación en la sociedad.
Los motivos que llevan a que un caso quede sin resolver son muy variados. Los atentados a veces fueron cometidos con las mismas armas, pero no se puede acusar a nadie porque, aunque los miembros estuvieran identificados por la Policía, no se sabe en qué asesinatos participaron. El rastro de un arma, por claro que sea, tampoco es suficiente. En algunos casos, se reconoció una pistola, pero no quién la llevaba en cada momento.
Hay otras ocasiones todavía menos explicables, como la detención del etarra Zabarte Jainaga, que portaba un arma con el que se cometieron cinco asesinatos pero se le juzgó por cuatro. Un sinsentido en el que quizás pudo interferir un despiste judicial.
Ante la dificultad de alcanzar una solución, los afectados coinciden en reivindicar «una verdad histórica» que puede ayudar a paliar el daño en muchas familias. Cualquier dato puede ser útil para sobrellevar un duelo que muchas veces está mal cerrado.
Aun así, los avances técnicos pueden tener la llave para resolver algunos casos. Por ejemplo, la Ertzaintza tiene una base de datos de ADN por delitos de kale borroka que se utilizó una vez que algunos de ellos pasaron a ETA. En otros delitos no se pudo conservar la prueba que hoy permitiría aclarar el crimen, como un rastro de sangre del que en aquella época solo se podía extraer el grupo sanguíneo.
De lesa humanidad
Bajo esta tesitura, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) mantendrá el seguimiento a la queja por los 379 asesinatos sin resolver y compartirá con los negociadores de la futura directiva de víctimas el informe que los eurodiputados elaboraron tras una misión sobre el terreno que incluía recomendaciones a España, en las que, sin embargo, no se registraron avances después de dos años.
El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia e hijo de un asesinado por ETA, Daniel Portero, acudió a defender una reclamación que lleva vigente desde 2017 y por la que el PE ya envió dicha misión a Madrid y el País Vasco en 2021. El informe resultante de la misma recomendaba a España explorar la posibilidad de reconocer los crímenes de la banda terrorista como delitos de lesa humanidad para que no prescribieran ni se amnistiaran.