Castilla y León dio ayer luz verde al decreto-ley autonómico de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, que pretende agilizar todas las medidas, especialmente los procesos de cobertura de personal y medios del operativo. Además, con esta normativa, la Junta se anticipa al compromiso legal de aprobar el plan anual sin que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya cumplido su obligación de establecer las directrices en un real decreto que aún no ha dictado.

El decreto-ley incorpora la aprobación del plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de 2023, que se incluye en un anexo; modifica las leyes de Montes de Castilla y León y de Función Pública para agilizar la incorporación de personal interino al operativo en caso de necesidad, y establece normas y criterios para garantizar un funcionamiento administrativo más ágil de este servicio de emergencias.

Tras aprobarse en el Consejo de Gobierno, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó que el incendio de la Sierra de la Paramera, en la provincia de Ávila, y especialmente los virulentos incendios del verano pasado, llevaron a la Junta a buscar el consenso de este nuevo modelo en el marco del Diálogo Social con la patronal y los sindicatos, lo que derivó el 27 de septiembre de 2022 en la firma del acuerdo.

Además, recordó, en declaraciones recogidas por Ical, que el Gobierno central publicó el Real Decreto-Ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios. Esta norma, precisó, ha modificado la Ley de Montes estatal, «imponiendo» una serie de obligaciones a las comunidades; «norma que, si bien se hizo sin la consulta y el consenso con las comunidades, son de obligado cumplimiento y requieren de una regulación autonómica para su correcta ejecución, que no podrán llevarse a efecto en los plazos establecidos sin acometerlas de forma urgente».

Dotación «suficiente»

Suárez-Quiñones destacó que el decreto-ley forma parte de las acciones de la Junta para reforzar en la Comunidad el operativo permanente con que cuenta, con una dotación de medios humanos y materiales suficiente para poder acometer en las mejores condiciones y con mayores capacidades los nuevos episodios de grandes incendios forestales que con mayor frecuencia e intensidad se produce en Castilla y León, como ocurre en las regiones y países del entorno.

«Los incendios forestales se producen durante todo el año y cada vez se adelantan más las condiciones climáticas o de sequía que favorecen los escenarios para que estos incendios se produzcan y alcancen elevada intensidad y grandes proporciones; por ello, es necesario anticiparse al máximo en reforzar el operativo», sentenció.

A esta reforma le sucederán en los próximos meses la actualización del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal), la revisión del decreto que regula el operativo de incendios y el sistema de guardias y la orden de regulación del uso del fuego.

Suárez-Quiñones recordó que el «único» aspecto que queda pendiente de acordar con los sindicatos es el de las guardias de localización fuera de la época de riesgo alto. En todo caso, precisó que es algo que se aborda en una mesa técnica creada y que se llevará al decreto de guardias ordinario que se va modificar. «Hemos demostrado que sabemos llegar a la parte social y sindical, por lo que seguiremos en esa dinámica», añadió.