Castilla y León vuelve a amenazar al Ministerio de Hacienda con acudir ante los tribunales por las liquidaciones del sistema de financiación. Concretamente la del año 2021, de la que la Junta estima un desfase de 42 millones de euros entre lo que ha calculado el Gobierno central y los datos que maneja la Consejería de Economía y Hacienda. Minutos antes de que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, avisara desde el atril del Senado con judicializar cualquier «agravio» financiero a Castilla y León, se conocía que la Comunidad está a las puertas de una nueva aventura en los tribunales contra el Gobierno. Causa que la Junta ya emprendió hace unos años por la liquidación del IVA del 2017, donde finalmente el Tribunal Supremo dio la razón a la Junta y obligó al Gobierno a pagar el dinero reclamado por Castilla y León junto a los intereses. Por el momento, el Ejecutivo regional remitirá un requerimiento a Madrid, como paso previo a la vía judicial, con el objetivo de que el Ministerio acepte sus cálculos y abone a la Comunidad esos 42 millones del desfase que denuncia la Junta.

El portavoz regional y también consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, fue el encargado de anunciar tras al Consejo de Gobierno el envío de este requerimiento. «Existe una diferencia de 42 millones de euros entre el cálculo que se nos ha ofrecido y lo que nosotros estimamos como la cantidad correcta». El consejero también aprovechó para volver a insistir en la necesidad de reformar el modelo actual de financiación a las comunidades. «Creemos y queremos que el sistema de financiación sea reformado, pero, en tanto y cuanto se haga, queremos que se aplique correctamente».

El Ministerio de Hacienda comunicó a Castilla y León la cantidad de 575,47 millones por la liquidación del ejercicio de 2021 del modelo de financiación, pero el Ejecutivo regional estima que se deben sumar otros 42 millones, por lo que plantea un requerimiento que espera presentar de manera «inmediata», ya que el plazo previsto está a punto de cumplirse.

Evitar la vía judicial

Ahora, el Gobierno tiene un plazo de dos meses para contestar o dar silencio administrativo –negativo en este caso–, un tiempo en el que el consejero confía poder negociar para lograr esta cuantía. Y es que Fernández Carriedo confió en poder evitar la vía judicial en este caso y se mostró esperanzado en llegar a un acuerdo satisfactorio con el objetivo de asegurar la adecuada financiación de los servicios públicos de calidad que presta Castilla y León, antes de acudir al contencioso administrativo, que no se descarta, pero espera el entendimiento desde el diálogo. «Nos gustaría no tener que llegar a la vía del contencioso administrativo, siempre vamos con la mano tendida».