El Transporte a la Demanda tendrá un papel “preponderante” y se potenciará respecto a las líneas convencionales, por lo que se incrementará en un 78 por ciento su cobertura, de forma que asumirá el 50 por ciento de la oferta total en la Comunidad, con 15,2 millones de vehículos por kilómetro al año. Así, se prevé que en términos de demanda, mueva más de 1,7 millones de viajeros anuales, como informa Ical.

De esta forma, las rutas de transporte regular cuya demanda sea inferior a 4.500 viajeros al año pasarán a ser prestadas como rutas de Transporte a la Demanda. Ésta es una de las características principales del nuevo modelo que se asentará sobre el mapa de ordenación del transporte, que ya diseña la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y se aprobará por decreto antes de julio de 2020, con el objetivo final de garantizar un acceso universal a este servicio en Castilla y León.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Transportes, Ignacio Santos, presentaron hoy las bases del mapa, cuya elaboración establece durante el plazo de un año la Ley de Transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, que se aprobó en diciembre de 2018 y entrará en vigor en julio de este año.

En ese sentido, Suárez-Quiñones subrayó como principal característica del nuevo modelo, que comienza a iniciar su desarrollo, con la nueva normativa, el mapa y los proyectos de explotación, la accesibilidad universal, puesto que trata de dar servicio a los núcleos de población a los que no llega todavía. El actual sistema caduca este año, por lo que la Junta, dijo, trabaja para dar los pasos necesarios para que el próximo ejecutivo complete su implantación, lo que permitirá al transporte dar una respuesta a la sociedad actual de la Comunidad.

Próximos pasos

Una vez presentadas las bases, el Mapa de Ordenación del Transporte debe estar aprobado antes del 3 de julio de 2020, y con la suficiente antelación para que se puedan cumplir los plazos para licitar los nuevos contratos. Posteriormente se tramitarán los proyectos de explotación que deberán ser sometidos a la máxima participación social e información pública para su aprobación como Proyectos.

Sobre la base de los proyectos de explotación aprobados, se deberán redactar los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que habrán de regir la licitación de los futuros contratos de concesión de servicio público.

Propuesta

El primer principio del mapa que se está diseñando es la cobertura total de la población con especial atención a las necesidades de movilidad del mundo rural. Además, los contratos se explotarán bajo la modalidad de contratos zonales, se potenciará el modo de prestación del transporte a la demanda frente al regular general convencional y el Transporte Escolar pasará a estar integrado dentro de las nuevas concesiones. No obstante, se busca garantizar el mantenimiento del tejido empresarial y el volumen actual de empleo.

De esta forma, habrá un menor número de concesiones, pasando de 148 y 77 autorizaciones especiales a 80. En segundo lugar, se estipula que las rutas de Transporte Regular cuya demanda sea inferior a 4.500 viajeros al año pasarán a ser prestadas como rutas de Transporte a la Demanda.

El nuevo sistema contempla la conexión núcleos de población con el nodo poblacional de influencia rural o con el municipio del área funcional estable, ya tenga o no proximidad, así como entre zonas de influencia socioeconómica, polos industriales consolidados y áreas funcionales estables y con las líneas estatales y otros modos de transporte.

Asimismo, se integrará en su totalidad el Transporte Escolar con el Regular, de manera funcional, operativa, formal y económica. Por otra parte, la gestión del transporte regular será a través de una Autoridad Única del Transporte y la creación de entes supralocales de coordinación con los ayuntamientos.

En los objetivos también se contempla la contratación pública estratégica y basada en el Diálogo Social. En este punto se tendrán en cuenta criterios cualitativos, cláusulas sociales en la adjudicación y ejecución contratos, cláusulas medioambientales en la adjudicación y ejecución contratos, criterios y reglas de adjudicación y subrogación laboral pactada con los agentes sociales.

Por último, se establece que los nuevos servicios se prestarán con una flota de vehículos más moderna, eficiente y adaptada, dotada con los principales avances en sistemas inteligentes de transporte y seguridad.