El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, anunció hoy que volverá a pedir al Gobierno la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el objetivo de que intervenga en las consejerías de la Junta de Castilla y León que "se están saltando las leyes españolas y europeas" al intentar modificar el Servicio de Relaciones Laborales (Serla).
Temprano clausuró hoy en Soria una jornada con la participación de 60 delegados para analizar las políticas de personal de la Junta, y denunció que la Ley de Medidas de acompañamiento de los presupuestos incluye la modificación de doce normativas, lo que permitirá que se puedan aprobar cuestiones por mayoría y afectará al Serla.
"Si no hay unanimidad, lo aprobarán con los votos del PP y Vox. Cuando una persona pasa a ser patrono de una Fundación responde con sus bienes personales. ¿Yo cómo voy a aceptar que alguien, por mayoría, decida sobre un tema personal mío? Y cuando digo con sus bienes personales, son sus bienes económicos. Por lo tanto, se está expulsando de las fundaciones a personas e instituciones que pueden estar ahí. Con lo cual es de mucha gravedad lo que quieren hacer", argumentó.
Asimismo, recordó que la Unión Europea encomendó al Gobierno, a través de una resolución, tomar medidas con respecto al diálogo social en Castilla y León, y agregó que remitieron la denuncia a la Organización Internacional del Trabajo y están a la espera de la contestación.
En este aspecto, señaló que la Unión Europea determina que sean los gobiernos los que remitan la inversión en políticas activas de empleo a las comunidades autónomas y el Gobierno de Castilla y León anualmente "devuelve dinero". "Se van a destinar 600 millones de euros a nivel estatal para estas políticas, y una parte muy importante llegará a Castilla y León. Si la Junta no quiere su aplicación que el Gobierno asuma sus responsabilidades", reseñó.
Por otro lado, aseguró que las condiciones laborales, económicas y sociales de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León son "tercermundistas" y denunció que el Sacyl ha dejado plazas sin cubrir en Atención Primaria y no vela por la fidelización de aquellos médicos que realizan la residencia en la Comunidad.
Por su parte, el secretario de UGT de Servicios Públicos, Tomás Pérez, exigió la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para el ámbito sanitario para que, entre otras cuestiones, los profesionales conozcan su destino, y volvió a pedir una Ley de Función Pública del siglo XXI. "Los docentes deben tener derecho a la carrera profesional. La Junta hace viejas promesas que no cumple", denunció para insistir que se debe hablar ya de la Inteligencia Artificial.
Asimismo, señaló que, ante la falta de profesionales médicos especialistas en Castilla y León, se contrata a médicos sin especialidad, y agregó que esto es "fraude de ley".
UGT Castilla y León celebrará a principios del próximo año congresos en las nueve provincias y espera que Soria cuente con nuevo secretario provincial.