Las palabras del flamante ministro de Transporte, acerca de qué si no hubieran sido necesarios los votos de los independentistas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno, no se estaría hablando de la ley de amnistía no añaden nada nuevo a las del propio jefe del Ejecutivo cuando afirma que ha tenido que hacer de la necesidad virtud. Que el magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, Julián Campo, decida retirarse antes de que le recusen por la ley de amnistía sobre la que se manifestó en contrario es una decisión adecuada porque evita que se produzca ruido cuando la norma, una vez aprobada por las Cortes, sea objeto de un recurso de inconstitucionalidad, un "tribunal de parte" según el PP, en el que los magistrados progresistas seguirían teniendo ventaja de seis a cuatro. Nade nuevo bajo el sol.
Dentro de la ofensiva del PP contra la ley de amnistía se ha asistido a la derivada europea con la celebración de un pleno ad hoc en el Parlamento Europeo en el que se han producido una serie de paradojas. Después de años intentando evitar la internacionalización del expediente catalán, como pretendía el europarlamentario prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, al que se había dejado de atender por monotemático, ahora ha sido el propio PP el que ha llevado el asunto a la institución europea, donde juega con una cierta ventaja numérica, y porque ante la proximidad de las elecciones europeas todos los movimientos han de ser observados a la luz de los procesos nacionales y las previsiones de futuro sobre la Eurocámara, donde el Partido Popular Europeo espera volver a ser el partido mayoritario, para lo que necesita que el PP español obtenga el mejor resultado posible.
Al PP le interesa dar la imagen de que el Gobierno español se encuentra al mismo nivel que los gobiernos iliberales de Hungría y Polonia -aunque a este país habrá que sacarlo del binomio en el momento en el que Donald Tusk comience a gobernar en Varsovia y se convierta en un ejemplo que al PP no le convenga airear-, y situar la ley de amnistía como un torpedo a la línea de flotación de los valores y principios europeos. Los populares han conseguido convencer a su socio de ocasión, el liberal Didier Reynders, comisario europeo de Justicia de que vigile las consecuencias de la ley de amnistía, un encargo en el que puso tanto empeño que tuvo una intervención preventiva antes de conocer el texto, que le explicará la próxima semana el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Reynders se ha comprometido a no perder de vista el trámite de la ley a pesar de tratar sobre un "asunto interno", que se ha de resolver a la luz de la legislación española y la Constitución.
El interés de los populares es menor a la hora de recibir el otro mensaje de Reynders, que volvió a insistir en la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es la que boicotea Feijóo, para a continuación negociar una nueva fórmula. Al comisario europeo no parece preocuparle que el PP le ningunee.
Paradójico también que el vicesecretario Esteban González Pons se muestre ahora preocupado porque la ley de amnistía "pone en riesgo los fondos europeos", cuando solo hace falta recordar como su partido maniobró en las instituciones europeas para que no llegaran a España.