Castilla y León amplía la protección de los viajeros a la hora de contratar un servicio con una agencia de viajes, apuesta por la calidad y excelencia turística e incorpora una cobertura mínima de 100.000 euros por las agencias por posibles incidencias. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, fue el encargado de detallar el nuevo proyecto de decreto en la rueda de prensa del Consejo e Gobierno, del que destacó que incide en las garantías para los viajeros y en la solvencia de este mercado con un sello de seguridad jurídica. «Era muy esperado por el sector», explicó Fernández Carriedo, que añadió que, a través del mismo, se simplifican todos los aspectos relacionados con las agencias de viaje, ya que a partir de ahora no habrá una diferencia entre mayoristas y minoristas en términos de estas empresas.

Bajo la propuesta de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, el proyecto regula las actividades de las agencias de viaje y centrales de reserva. «Esta nueva regulación responde a la necesidad de ampliar la oferta y reforzar las garantías de los viajeros, así como para incrementar la profesionalización del sector, dos puntos encaminados a reforzar la excelencia turística».

Entre los aspectos fundamentales de este proyecto destaca la adaptación de la regulación de las agencias de viajes a la nueva ordenación, derivada de la transposición al derecho nacional de la directiva de viajes combinados y viajes vinculados. Esta normativa de consumo atribuye a la administración turística la obligación de regular y controlar el sistema de garantías.

El nuevo decreto incide también de manera significativa en el sistema de garantías, que tiene relación directa con la profesionalización del sector y asegura la eliminación de aquellas agencias o intermediarios turísticos que no disponen de ciertas garantías. Esta medida tiene como principal objetivo otorgar al mercado una solvencia y un sello de seguridad jurídica.

Para alcanzar ese sello de solvencia y seguridad por parte de las agencias, el decreto contempla una cobertura mínima de 100.000 euros para hacer frente a los incidentes que puedan surgir de un viaje combinado –dos o más servicios en el mismo paquete–, o servicios de viajes vinculados –paquete con dos o más servicios facturados de forma independientes–.

Es importante señalar que esta garantía responde, principalmente, a la prestación de los servicios de las agencias de viajes y garantiza los reembolsos de los pagos anticipados que hacen los clientes, en caso de situaciones fraudulentas, y también, si se diese el caso, de la repatriación si se produjese alguna incidencia en el extranjero. Además, también se cubre la posible insolvencia por parte del intermediario turístico, informa Ical.

En términos empresariales, este decreto también sirve para simplificar la tramitación de los procedimientos administrativos, y solo hará falta la presentación de la declaración responsable para el acceso al ejercicio de intermediación.