El procurador del Grupo Parlamentario Socialista Jesús Puente pidió hoy a la Junta que aplique la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobado en febrero pasado, algo que achacó "no a un elemento que encarezca la asistencia sanitaria o que sea difícil técnicamente y administrativamente", sino porque el "espíritu de la Santa Inquisición irradia desde la Vicepresidencia y algunos de los sillones del PP". En este sentido, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ironizó que se trata de una pregunta "electoralista enviada por alguno de los 800 asesores de Moncloa" y defendió que la propia norma obliga al Consejo Interterritorial de Salud a aprobar antes el registro de objeción de conciencia, "algo que aún no se ha hecho y que debe convocar el Ministerio".
Puente aseguró desconocer "dónde están las modificaciones, porque no se han cumplido", y sugirió el modelo que se está acometiendo en Burgos en este sentido, donde desde febrero de 2022 se han recibido 230 solicitudes de mujeres que pidieron la intervención voluntaria del embarazo. De ellas, el 85 por ciento, 200 personas, "lo hizo en su ciudad y hospital público de referencia, en un circuito ágil, en tres días y en los plazos que marca la ley". "Este modelo se puede extrapolar al resto de la Comunidad, en menos de un año", comentó, para añadir que las mujeres de Castilla y León "no tendrían que hacer peregrinación". "Cumplan la ley y dejen de ejercer violencia institucional a las mujeres de Castilla y León, Es un derecho que hipócritamente esconden. Apliquen la ley, en todo el territorio, es su obligación y es el derecho de las mujeres de esta tierra", comentó.
Al respecto, Alejandro Vázquez defendió que la Junta "está realizando todas las medidas ordenadas en la ley, velando por el cumplimiento de todos los puntos, del primero al último". El consejero se refirió a una corrección trasladada en la pregunta, dado que en un primero momento el PSOE se dirigía a la "Consejería de Salud". "No es baladí. Es más que un indicio razonable de que han recibido esta pregunta alguno de los 800 asesores de Moncloa", apuntó Vázquez, quien señaló directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que criticó de un "burdo intento electoralista" por su "desesperación y desasosiego".
A su juicio, el Consejo Interterritorial de Salud acordará un protocolo para aplicar unas "condiciones mínimas" para la creación de este registro. Recordó que hoy, 27 de junio, no se ha tratado este punto en este órgano y es "imprescindible para crear el registro de objeción de conciencia". "Ya que es compañero suyo de partido, pregúntele a él. O no tiene voluntad política o es un ejercicio imperdonable de dejadez; o las dos cosas", intuyó Vázquez, quien consideró que el contenido de los últimos plenos ha sido "electoralista". "Mientras Castilla y León garantiza la seguridad de las mujeres, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura no tienen ni un solo centro público en el que se hace la prestación. Dígale a su Gobierno, en los pocos días que le quedan, que cumpla la ley, y más si es el que la promulga", finalizó.