El Procurador del Común recibió 1.807 quejas, de las que 16 han sido consideradas múltiples, durante 2022, un año de «normalidad» en el que las reclamaciones ciudadanas vinculadas directamente con la pandemia han desaparecido y han emergido las relacionadas, por ejemplo, con la ubicación de parques eólicos y fotovoltaicos en el medio rural, junto a la conservación de centros escolares. El procurador del Común, Tomás Quintana, entregó ayer al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, el informe anual relativo a la actividad de la institución durante 2022, cuando impulsó 63 actuaciones de oficio, tramitó 8.247 expedientes y dictó 1.533 resoluciones, de las que se aceptaron el 88,92 por ciento, un porcentaje superior a los anteriores.
En una comparecencia posterior, Tomás Quintana señaló que este informe, publicado ya en el portal web, es un «compendio» del trabajo realizado, pero supone a su juicio también una «radiografía» de las preocupaciones mostradas por los ciudadanos. Está previsto, dijo, que se debata en un pleno monográfico en mayo o junio, en función del «calendario» del Parlamento. Los 8.247 expedientes tramitados se derivan de 1.807 quejas y 63 actuaciones de oficio. Todos ellos y otros pendientes del año anterior, dieron lugar a 1.533 resoluciones, 298 más que en 2021. De ellas, 170 supusieron el archivo del expediente al no encontrar irregularidad y 1.363 terminaron con recomendaciones o sugerencias. En ningún caso tuvo que acudir a la Fiscalía, porque pese a no recibir respuesta a su petición de información, pudo emitir un dictamen, según informa Ical.
Quintana expresó su satisfacción porque la aceptación haya subido desde el 86 por ciento de 2021 a casi el 89 en 2022, no solo porque se hayan tenido en cuenta las propuestas, sino porque se ha resuelto un problema ciudadano.
En cuanto a la procedencia de las 1.807 quejas, de nuevo León fue la que más presentó, con 389, seguida de Valladolid con 274; Burgos, con 201; Salamanca, con 157; Palencia, con 148; Ávila, con 107; Zamora, con 98; Segovia, con 87, y Soria 59. Quintana apuntó que existe una «relación directa» entre el número de habitantes y las reclamaciones. Además, sobre la procedencia geográfica, indicó que 137 llegaron de otras provincias fuera de Castilla y León y un número muy reducido por residentes en el extranjero. No obstante, hubo 146 en las que no manifestaban su domicilio.
De las quejas formuladas, la administración local fue la más cuestionada por la organización, funcionamiento o gestión de los servicios, con 394, el 21,8 por ciento. Le siguieron con el 12,84 las de empleo público (232), la sanidad y el consumo (177) con el 9,8 por ciento; el medio ambiente y familia e igualdad de oportunidades (161), el 8,91 por ciento ambas.
Quintana destacó que el año pasado, contrariamente a lo que ocurrió en 2020 y 2021, no recibieron prácticamente ninguna queja con relación directa con la covid, aunque aparecieron otras indirectas como la existencia de terrazas en espacios públicos. Irrumpieron las relacionadas con parques de energía renovable o la conservación y mantenimiento de centros escolares.
También consideró significativo las 16 quejas múltiples, que agrupan 6.457 expedientes, relacionadas con la prestación del servicio de comedor escolar a través de línea fría (2.039), la asistencia sanitaria en Tábara en Zamora (1.333) o Sahagún (León); o la ubicación de parques eólicos o fotovoltaicos.