Pasada la DANA meteorológica, ahora llega una auténtica tempestad política, que se va a prolongar, presumiblemente, durante casi dos meses, al menos. Tras el 'manifiesto Puigdemont', este martes, la permanencia en La Moncloa del presidente en funciones va a requerir tragar más de un enorme sapo. Pero todo indica que el resiliente Pedro Sánchez los tragará, empezando por el 'reconocimiento de legitimidad del independentismo', y siguiendo por la amnistía. Porque será preciso para que haya un -pienso que probable- acuerdo con Junts. Y, por tanto, para seguir ocupando el principal despacho de La Moncloa.
Lo que Puigdemont, cuidando mucho las formas y sus palabras, propuso este martes no fue un 'acuerdo histórico' con algunos partidos nacionales -no excluyó formalmente al PP--, ni un 'compromiso histórico' semejante al pacto entre partidos ideado en los años setenta por el eurocomunista italiano Enrico Berlinguer. No: lo que Puigdemont, hay que insistir en que con formas casi exquisitas, planteó desde el corazón de Europa, a veinte días de que comience la primera ronda de las sesiones de investidura, fue más bien un 'reto histórico'. Un reto para el Estado, para la propia Historia, para la Constitución y para el 'statu quo' vigente, no solo en lo referente a las relaciones y a la situación de Cataluña en relación con el resto de España.
Cierto, no exigió directamente un inmediato referéndum de autodeterminación, que es el tema más espinoso, lo que indica su voluntad de llegar a un acuerdo. Sí consideró insalvables una amnistía, cuyo alcance no especificó, y un mediador que vigile el cumplimiento de los acuerdos a los que pueda llegar con el Gobierno central a cambio del 'sí' de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. El fugado ex president de la Generalitat habló de una negociación, a comenzar ya mismo, previa a su decisión sobre la investidura, tras criticar la conducta de los grandes partidos nacionales, también de los socialistas, respecto de Junts. Para nada habló de su encuentro la víspera con la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, muy criticada, por cierto, en ámbitos socialistas por 'haberse adelantado a los acontecimientos', buscando su lucimiento personal y no una acción coordinada con su 'socio' el PSOE. Aunque otras fuentes admiten, por el contrario, que entre Sánchez y Díaz existe 'una perfecta coordinación' disfrazada con tácticas y estrategias distintas y acaso no tan distantes.
Todo hace pensar que ya en su reunión el lunes en Bruselas de tres horas con la señora Díaz, Puigdemont le adelantó punto por punto el fondo y el tono de su intervención de este martes, de manera que La Moncloa conocía perfectamente con antelación los términos en los que Puigdemont se iba a expresar. Las reacciones al discurso del fugado, sin admitir preguntas, estaban preparadas de antemano. "El presidente ha garantizado que se cumplirá la Constitución en todo el territorio de España", dijo la portavoz al término del Consejo de Ministros. Y poco o nada más.
Lo sustancial para los medios socialistas y de Sumar parece ser que el fugado de Waterloo niegue la inconstitucionalidad de la amnistía y de 'la consulta', o sea, el referéndum. Dos horas antes, el ex presidente del Gobierno Felipe González, en declaraciones a Onda Cero, había hecho tragar un primer sapo a Sánchez, afirmando tajantemente que la Constitución no ampara ninguna de las dos medidas, y no escondió serias críticas -las reiterará en breve, presumiblemente- a la actuación del 'Gobierno Sánchez'.
Pero es un Gobierno que parece absolutamente decidido a sacar adelante, como sea y lo critique quien lo critique, el proceso de la investidura de Sánchez, que podría concretarse a mediados de octubre, una vez presumiblemente fracasada la investidura de Feijoo. Claro que, hasta entonces, la negociación con Junts, como ya comprobó presencialmente, parece, y pese a las mutuas sonrisas, Yolanda Díaz, va a ser dura, correosa y 'a la española', es decir, siempre al borde de una hipotética, pero no real, ruptura. Porque presumiblemente, y esto es una impresión solo personal, el acuerdo básico está hilvanado, lo que no quiere decir que el fugado no haga sufrir a Sánchez, incluso humillándolo de manera sutil, durante las próximas cuatro semanas.
Va a ser el momento en el que la oposición va a endurecer su tono -mucho más duro, en el fondo, que el de Felipe González no va a ser, desde luego- respecto del sendero de Sánchez hacia su permanencia en el poder. Para comenzar, Feijoo ya pidió que cesase a Yolanda Díaz por haber emprendido, al parecer por su cuenta -cosa que personalmente dudo-, un contacto público, desde el Gobierno y no simplemente desde Sumar, con un hombre que sigue siendo buscado por la Justicia española. Veremos a ver qué dice la Justicia, incluso quizá hasta por boca de algunos magistrados del Supremo, cuando este jueves se inaugure el año judicial, con el Rey presidiendo el cada año más incómodo acto.
Tormenta perfecta, pues. No, no está la cosa como para que Sánchez cese a Yolanda Díaz -suponiendo que pudiese hacerlo en funciones y, claro, que quisiese--, ni para prometer ministerios a los irritados dirigentes de Podemos, cuya actitud en el Consejo de Ministros es, parece, crecientemente desafiante. El presidente del Gobierno y aspirante a lo mismo avanza hacia su permanencia en el poder caminando descalzo sobre afilados cristales, algo que solamente un personaje tan resiliente como él podría soportar: ¡¡incluso encontró tiempo en la trepidante mañana de este martes para acudir al tanatorio a despedir a María Teresa Campos!!.
No sé si se dan las circunstancias de calma, serenidad y tiempo de reflexión que serían imprescindibles para pensar con frialdad en las consecuencias que, a medio plazo, va a tener todo esto para la estructura democrática del país. Un reto formidable que requiere de estadistas, mucho más que de gestores de danas, para afrontarlo. ¿Los tenemos?