El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, advirtió ayer que la reforma de la financiación autonómica «no debe entrar en la negociación de un nuevo Gobierno» en España, tras ser considerada dicha cuestión financiera como una «urgencia» por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, tras los resultados de las elecciones generales.

En declaraciones recogidas por Ical durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo coincidió con Montero al considerar «urgente» modificar un modelo de financiación que data del año 2009 y que «hace tiempo que perdió su vigencia», además de que no responde «a los intereses de esta Comunidad».

En este sentido, el portavoz de la Junta volvió a reclamar, como recordó que ya hizo «por carta y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera», que se tengan en cuenta para la configuración de la financiación autonómica «variables de territorio y demografía», que deben adquirir «mayor relevancia» en el nuevo modelo que se implante cuanto antes.

Sin embargo, Carriedo insistió en que esta reforma de la financiación autonómica es un asunto que se debe dejar en estos momentos «fuera de la negociación de la conformación de un nuevo Gobierno» y se debe realizar a través de una «negociación multilateral» en la que participen «todas las comunidades autónomas».

«No nos parece que un tema importante como éste tenga que ser el pago de un precio político para conformar un gobierno», declaró el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, por tratarse del mecanismo con el que se financian «servicios públicos esenciales», de manera que debe negociarse «con participación de todas las comunidades y en condiciones de igualdad».

Condonación de la deuda.

En cuanto a la posibilidad de introducir la condonación de la deuda de determinadas autonomías en el nuevo modelo de financiación, Carriedo planteó que los recursos que se destinen a ello «se tienen que repartir con criterios objetivos y en plano de igualdad» entre todas las comunidades y según se acuerde y apruebe en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

«No tiene sentido un reparto desigual, de forma no objetiva y dirigido solo a algunas comunidades solo por el hecho de que el voto de determinadas formaciones independentistas sea más necesario para conformar un Gobierno de España», sostuvo el portavoz de la Junta, manifestando su oposición a que «la negociación de la deuda sea el pago de un precio político que cree desigualdades y desequilibrios».

El consejero expresó el temor de que el actual presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a seguir en La Moncloa, Pedro Sánchez, utilice estos mecanismos para conseguir los votos de algunos partidos nacionalistas.