La educación es uno de los pilares del estado de bienestar, de los tres que siempre se han señalado como los estabilizadores de la igualdad entre los españoles, junto con la sanidad y las pensiones. Desde que se universalizó la educación obligatoria, como uno de los primeros empeños tras la recuperación de la democracia, ha pasado suficiente tiempo para que este servicio público estuviera perfectamente engrasado, que cada inicio de curso no fuera una carrera de obstáculos para padres, alumnos y profesores. Sin embargo, cada año aparecen los problemas de siempre relacionados con la falta de profesorado, el déficit de aulas, los problemas con las becas…, derivados en unos casos de falta de previsión y en otros de decisiones políticas que en muchos casos y según quien gobierne cada comunidad autónoma se olvida de la escuela pública para favorecer a la escuela concertada en una decisión de carácter ideológico.

Según un informe elaborado por la Federación de Enseñanza de CCOO, el año escolar ha comenzado con un déficit de 85.000 profesores, mientras se han despedido a miles de profesores que fueron contratados con motivo de la pandemia del covid-19. Cada año se echa en falta un acuerdo sobre la formación del profesorado para prestigiar su formación y hacerla más adecuada a las necesidades actuales, y otro sobre la estabilidad en su puesto de trabajo a pesar de las advertencias europeas, en un sector que tiene un alto porcentaje de temporalidad que se sitúa en el entorno del 50%, pendiente de los procesos de estabilización del empleo público que en muchos territorios ni tan siquiera han comenzado, pero que se espera que quede resuelto el próximo año.   

El nuevo curso escolar ha traído también la constatación de que en las comunidades autónomas gobernadas por el PP y más si el Ejecutivo es de coalición con Vox, la escuela concertada vuelve a experimentar un tirón en su subvención en detrimento de la escuela pública, y en algunas de ellas se restringen las becas de comedor que resultan esenciales para la correcta alimentación de los niños, cuyo coste debe ser asumido por familias que difícilmente llegan a fin de mes. Los fallos de previsión no se pueden atribuir exclusivamente a los cambios de gobiernos en unos procesos que debían ser automáticos, sino a que esos cambios conllevan una determinada orientación ideológica y un cambio de prioridades en la que los más afectados vuelven a ser los más vulnerables, que ven como se restringen el número de aulas, se dilata la puesta en marcha de la educación de cero a tres años, o no se ha acelerado la contratación del profesorado. Según CCOO obedece a que "hay gobiernos autonómicos que están aprovechando la reducción de la tasa de natalidad y del número de alumnos para hacer avanzar la privatización", mientras que consideran que, por el contrario, esa circunstancia debiera servir para "mejorar la calidad y equidad del sistema e implementar medidas de atención a la diversidad", en lugar de favorecer a la escuela privada concertada.

La educación aparece siempre como uno de los servicios llamados a ser objeto de un pacto de Estado, pero cuando se produce un cambio de gobierno, la ley educativa vigente resulta ser la primera víctima y los problemas identificados para mejorar su calidad quedan sometidos al mismo debate ideológico.