La despoblación es sin duda el principal problema que arrastra la provincia de Soria y otras del interior peninsular. El reto de revertirlo es muy difícil y complejo, y solo posible, si acaso, a muy largo plazo. Pero hay varias preguntas que cabe hacerse a la hora de analizar el tema. La primera es qué significa invertir la despoblación, qué densidad debe tener un área, que previamente hay que delimitar, para afirmar que ya no está despoblada; qué condiciones debe reunir un territorio para sacarlo de esa consideración. ¿Dónde está el límite? Si utilizamos el baremo de la Unión Europea -12,5 hab./km2- utilizado para recibir las ayudas que actualmente están aprobadas, la provincia de Soria debería tener 128.600 habitantes, es decir, casi 40.000 más de los que tiene ahora empadronados; una cifra que, teniendo en cuenta los actuales niveles de natalidad y mortalidad, solo pueden conseguirse con una masiva llegada de inmigrantes, bien procedentes de otras regiones o del extranjero. La pregunta que nos hacemos es, ¿se pueden utilizar otros criterios? Por ejemplo, algunos de tipo cualitativo que tengan más relación con la organización territorial, el aprovechamiento racional de los recursos o la gestión y acceso razonable de los servicios. Áreas despobladas hay por todo el territorio, incluso en la propia comunidad de Madrid. Hay provincias que reclaman también el acceso a esas ayudas por el fuerte descenso de su población en la última década, aunque su densidad supere esa escala. Entonces, ¿cabría la posibilidad de valorar otros parámetros? La enorme diversidad existente aconsejaría fijar unos criterios, establecer incluso una jerarquía y delimitar los territorios incluidos en ella, susceptibles de recibir una discriminación positiva.
La despoblación es un fenómeno ligado a los cambios económicos y sociales contemporáneos en los países desarrollados que, en el caso de España, tuvieron un fuerte impacto en algunas provincias, especialmente en el medio rural, aunque hoy se extiende a municipios mayores e incluso pequeñas ciudades. Sus secuelas son devastadoras. Encierran a estos espacios en un círculo vicioso, de difícil salida sin apoyo exterior. La provincia de Soria es un claro exponente del proceso de desmantelamiento de un sistema rural, que se ha prolongado durante 70 años. Los últimos datos de movimiento natural son demoledores, solo compensados por la llegada de inmigrantes extranjeros, que son los grandes aliados en la lucha contra la despoblación. Lo mismo ocurre con la dotación de servicios, tanto privados como públicos, que siguen en caída libre.
Pero más importante que el diagnóstico son las estrategias para tratar de invertir este fenómeno. Desde los primeros movimientos ciudadanos, hace ya varias décadas, se ha producido una evolución que, en algunos aspectos, debemos valorar. Ha pasado de manejarse con bastantes dosis de victimismo a contemplarse como un problema, con numerosas implicaciones en distintos ámbitos. Eso ha favorecido su entrada definitiva en el debate político, impulsado también por la entrada de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados, la pasada legislatura. También ha habido un cambio cualitativo en la forma de valorar la despoblación, con una visión más en positivo. Así, se observa un creciente interés por definir mejor los problemas reales y estrangulamientos, que lleva implícito una reclamación para que, desde las administraciones, no solo lleguen más inversiones, sino que se legisle para superar los numerosos escollos que frenan la ordenación y desarrollo de estos territorios. Un ejemplo es el interés por evaluar el alcance del minifundismo existente en la propiedad forestal y buscar soluciones para que pasen a ser espacios ordenados, cumpliendo una funcionalidad productiva, además de ambiental. Lo mismo ocurre con las viviendas abandonadas o incluso de propietarios desconocidos que hay en las poblaciones rurales, con tanta necesidad de alojamiento. Hemos de decir que, en general, se ha hecho más referencia a que nos solucionen las cosas desde fuera, a las inversiones que deben llegar desde las distintas administraciones que a los cambios internos que serían necesarios para que estas medidas fueran más eficaces.
Se han hecho avances, pero todavía muy insuficientes y con grandes diferencias entre unas comunidades y otras. En Castilla la Mancha, por ejemplo, se aprobó en 2021 una ley contra la despoblación, con medidas económicas, sociales y tributarias para el desarrollo del medio rural. Una ley interesante, que define una tipología de áreas rurales en función de distintos criterios. En Aragón se aprobó el año pasado una ley de dinamización del medio rural. En Castilla y León, se está elaborando una ley de dinamización demográfica.