Cumplir cinco años en los tiempos que corren es un motivo de satisfacción por el trabajo realizado. En los inicios del periódico, veníamos de una fuerte caída de la población en la provincia, que la llevó a cifras por debajo de 90.000 habitantes en 2017, por primera vez desde que hay registros oficiales. La pasada crisis económica, que se agravó a partir de 2011, liquidó todo el crecimiento logrado en la primera década de siglo, y algo más. El censo pasó de 95.223 vecinos en aquella fecha a 88.600 en 2018. La población se estabilizó en los siguientes años, hasta que la pandemia ha vuelto a fracturar la débil demografía soriana.

El único factor positivo que tiene la población en nuestra provincia es la inmigración exterior. Es el elemento más determinante en la evolución del censo soriano en lo que va de siglo. Está detrás del aumento de población en la primera década, del pronunciado descenso en la primera mitad de la segunda y de la recuperación observada entre 2017 y 2019. Solo en esos tres años llegaron más de 1600 inmigrantes extranjeros.

La estructura de la población, junto a otros factores económicos y sociales, determinan que el decrecimiento natural se haya convertido en un factor fijo en la evolución demográfica de Soria desde los años 80. El desequilibrio anual entre defunciones y nacimientos superaba los 500 habitantes en los últimos años, pero en 2020 se aproximan a los 1000. En un futuro post-pandemia cabe esperar un descenso de la mortalidad y un aumento de la esperanza de vida. La natalidad, por su parte, se ha recortado ligeramente en 2020 y es esperable que los efectos del COVID-19 se prolonguen a lo largo de 2021.

La migración interior ha sido también muy negativa durante los años de la pasada crisis. Entre 2011 y 2017 salieron una media de 300 emigrantes anuales a otras provincias. El número bajó en 2018 y se dio ligeramente la vuelta en 2019. Pero es arriesgado aventurar cómo ha incidido el coronavirus en los desplazamientos de población. Los inmigrantes internacionales se redujeron a la mitad en el primer semestre de 2020, según los datos provisionales del INE. La migración interior, por su parte, es una incógnita. Se ha hablado de que la crisis sanitaria ha impulsado un traslado de población desde los grandes núcleos urbanos a las poblaciones rurales. Así lo demuestra en Soria el aumento de tarjetas de desplazados en la segunda mitad del año. Lo que está por ver es si estas personas acabarán asentándose en la provincia. La nueva crisis económica derivada de la pandemia, con especial impacto en la población joven, puede reactivar la emigración hacia otras provincias. Pero también es esperable que se reavive la inmigración exterior.

La combinación de todos estos factores perfilará la evolución demográfica de la provincia en los próximos años. Falta saber hasta dónde llegará el replanteamiento sobre el modelo de desarrollo, del que tanto se habla, y qué efecto tendrá en la provincia. España es uno de los países con mayores desequilibrios territoriales del mundo y necesita un cambio real en las políticas públicas para revertir esta dinámica, hasta ahora imparable. El traslado del Centro de Datos de la Seguridad Social a Soria es un gesto que demuestra un impulso de la iniciativa pública. La reciente aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la España despoblada, que contiene medidas muy acertadas, aunque una dotación económica de 10.000 millones de euros, que se queda corta, va en la buena dirección. Se precisan infraestructuras, pero también un cambio de mentalidad para gestionar un tiempo nuevo, en el que necesitamos replantear nuestra forma de trabajar, repensar nuestro sistema de organización territorial y de servicios, y mucha iniciativa pública y privada para movilizar los recursos y crear riqueza de forma sostenible.